Bajo la premisa de que la permanencia de algún sector de la población en situación de pobreza constituye un incumplimiento de los derechos humanos referidos a la calidad de vida, hacemos una interpretación de los programas de enfrentamiento a la pobreza puestos en marcha por el Estado venezolano en combinación con la política económica neo-liberal en los últimos cuatro años. La interpretación que postulamos señala a esos programas como mecanismos que ayudan a sostener un orden político-económico de desigual distribución de riqueza y frágil legitimidad política. En este sentido, los programas, lejos de representar el cumplimiento del Estado en relación con los derechos humanos referidos a calidad de vida, son usados, discursivamente, como justificación y defensa del orden político-económico, enmascarando así el sostenimiento del fenómeno de la pobreza. Esta interpretación se apoya, conceptualmente, en un contexto en que relacionamos las nociones de pobreza y derechos humanos. La interpretación se apoya, empíricamente, en el análisis del comportamiento del gasto del Estado dedicado a los programas a nivel nacional, en investigaciones empíricas sobre los programas destinados a la población infantil en la ciudad de Mérida y en el análisis discursivo de la publicidad e información del gobierno en relación con los programas.