La disposición final de residuos y desechos sólidos en Venezuela y su régimen económico

Abstract

Las ciudades deben garantizar a todos los ciudadanos, el acceso permanente a los servicios públicos, dentro de ellos el servicio de aseo urbano en todas sus fases, desde la generación hasta la disposición final de residuos y desechos sólidos, y en caso de que el servicio se preste de forma delegada a través de la empresa privada las tasas deben ser asequibles especialmente para los grupos vulnerables y sin empleo, así lo establece claramente la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. En Venezuela el servicio de disposición final se efectúa de manera indiscriminada, en vertederos a cielo abierto, sin tratamiento sanitario ambiental, ni control técnico adecuado, causando daños irreparables a la sociedad y al ambiente. Esto sucede, pese a que existe un marco normativo establecido en la Ley de Gestión Integral de la Basura, que obliga al prestador a gestionarlo eficientemente y al beneficiario a pagarlo para que sea sustentable, sostenible e ininterrumpido. En pos de ello, es necesario crear un sistema de gestión de residuos adaptados a las características y particularidades de cada región, que sea sustentable y sostenible ambiental y financieramente, lo que conlleva a la elaboración de normas complementarias, necesarias para el cumplimiento y aplicación efectiva de la Ley de Gestión Integral de la Basura. Por ende, es obligatorio implantar medidas en el marco de la legalidad que permitan obtener los recursos necesarios para optimizar las operaciones de los sitios de transferencia y disposición final, así como garantizar su convertibilidad en verdaderos rellenos sanitarios, ajustados a los estándares técnicos y ambientales exigidos por la Autoridad Nacional Ambiental.